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Puertos para el comercio exterior boliviano
cual se profundiza la descentralización y federalización del sector portuario,
mediante la promulgación de la Ley Nº 24093, de Ámbito de aplicación, Ha-
bilitación, Administración y operatoria portuaria, de 24 de junio de 1992,
que modifica el modelo portuario argentino.
Ley Nº 24093 que modifica el modelo portuario argentino
• Se define la habilitación de todos los puertos comerciales e industriales
que involucren al comercio internacional e interdepartamental.
• La transferencia de los puertos de Buenos Aires, Rosario, Bahía Blanca,
Quequén y Santa Fe, se efectuará a condición de que, previamente, se ha-
yan constituido sociedades de derecho privado o entes públicos no esta-
tales que tendrán a su cargo la administración de cada uno de esos puer-
tos, asegurando la participación de los sectores particulares interesados
en el quehacer portuario, comprendiendo a los operadores, prestadores
de servicios, productores usuarios, trabajadores y demás vinculados a la
actividad.
• La administración de los puertos nacionales podrá efectuarse mediante
la delegación de la operatoria y explotación a personas jurídicas estatales,
mixtas o privadas, mediante la suscripción de contratos de concesión de
uso o locación total o parcial, que se efectivizará a través de la aplicación
del procedimiento de licitación pública establecido para el efecto.
• La Autoridad encargada de la ejecución de esta norma tendrá las fun-
ciones de: asesorar al Poder Ejecutivo Nacional para habilitar puertos;
controlar la actividad portuaria en el marco de la normativa vigente;
controlar que los titulares de las habilitaciones portuarias otorgadas den
cumplimiento a los proyectos constructivos y operativos que justificaron
su solicitud; promover y hacer efectiva su modernización, eficacia y eco-
nomicidad de cada puerto; estimular y facilitar la inversión privada en la
explotación y habilitación de puertos; otorgar asesoramiento a las pro-
vincias que deseen promover sus puertos; establecer la política general
en materia portuaria; coordinar la acción de los distintos organismos de
supervisión y control del Estado nacional que actúan dentro del ámbito
portuario; aplicar las sanciones que correspondan por la comisión de las
infracciones previstas, entre otras.
XVII.2. El papel de ENAPRO en el puerto de Rosario.
Se promulga la Ley Provincial Nº 11011, de 1 de julio de 1993 y se crea el
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Alternativas y desafíos para el empresario nacional
Ente Administrador Puerto Rosario (ENAPRO), que tiene a su cargo las si-
guientes atribuciones y funciones:
a) Atribuciones ENAPRO:
i. Promover la participación del capital nacional y extranjero en inversiones
privadas.
ii. Establecer un sistema arbitral para la solución de conflictos en la comu-
nidad portuaria, con normas que aseguren la agilidad y economicidad del
procedimiento.
iii. Promover ante las distintas autoridades jurisdiccionales, la actualización
y compatibilización de las normas vigentes, en beneficio de las funciones
comerciales del puerto.
iv. Promover ante las autoridades pertinentes, las gestiones y emprendimien-
tos tendientes a garantizar la adecuada vinculación física entre el puerto y su
entorno geográfico.
v. Promover el mejoramiento de la política aduanera a la luz de la dinámica
competitiva del comercio internacional.
b) Funciones ENAPRO:
i. Reglamentar, dirigir y/o coordinar todos los servicios que se presten –di-
recta o indirectamente– a la navegación, a los buques y a las cargas, en el
ámbito de su competencia.
ii. Dictar el régimen tarifario del puerto, percibir los ingresos por los servi-
cios que preste en forma directa y autorizar y/o controlar si correspondiera,
las tarifas que los operadores perciban por la prestación de sus servicios.
iii. Otorgar y ejecutar todos los contratos necesarios para la explotación co-
mercial del puerto.
iv. Dictar las normas técnicas para la autorización de las obras de ribera, en
coordinación en lo pertinente, con los organismos competentes de la Na-
ción, Provincia o Municipalidad de Rosario.
v. Concertar convenios con personas, empresas o entidades públicas o pri-
vadas para el uso del puerto, de sus instalaciones y de los bienes a su cargo.
vi. Planificar, dirigir y ejecutar por sí o por terceros, el dragado y balizamien-
to en todo su ámbito acuático y reclamar ante los entes jurisdiccionales por
los incumplimientos de estas tareas en la ruta troncal.
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